33 INFRACCIONES

29 febrero, 2008

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Trabajo de la Municipalidad de Puerto Madryn informó que durante los meses de enero y febrero del año en curso, se labraron un total de 33 actas de infracción fundamentalmente por casos de perros mordedores y de los denominados potencialmente peligrosos, cuyos propietarios infringían las ordenanzas existentes sobre el particular. A ello deben añadirse una cantidad nada desdeñable de actas de constatación. En todos los casos, las actuaciones fueron giradas al Tribunal Municipal de Faltas para que dictamine y obre en consecuencia.
En algunos casos las actas de infracción refieren en más de una oportunidad a una misma persona por no haberse adaptado la misma a lo normado. Las actas versan sobre perros potencialmente peligrosos que han mordido; canes agresivos; mordeduras a menores de edad; canes mordedores sueltos en la vía pública; entre otros motivos.
Cabe recordar que el Municipio lleva a cabo una intensa campaña tendiente al control de la población canina en la ciudad, como por ejemplo, el programa de identificación de perros mediante el uso de chips, para lo cual los propietarios deben concurrir a la sede de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis dependiente de la Secretaría de Gobierno y Trabajo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Belgrano 585, para poder inscribirse a los efectos de que se le otorgue un turno para concurrir ya con la mascota.
El micro chip que se implanta a las mascotas mide 12mm x 2,12 mm, se coloca con una aguja y aplicador en la zona de la cruz del animal en forma subcutánea y es indoloro. Posee un código de barra que es leído por una lectora y posteriormente bajado a un programa de computación donde quedan asentado datos del propietario y del animal. Para el caso de animales agresivos, el chip se puede leer con una antena desde una distancia de 1.5 metros. En la primera etapa se aplicará a los animales capturados en la calle y se les colocará cuando el propietario se presente a retirar el animal. Si este, posteriormente es vuelto a capturar, el dueño será pasible de una multa.
En el caso de los perros peligrosos (rottwailer, dogo, pittbull, etc.) tienen que ser llevados por su propietario al Parque canino para hacerse la colocación del microchip, y así se tendrá un Registro de animales peligrosos, según la legislación recientemente aprobada. La colocación es sin costo alguno para los propietarios de los animales, si se trata de un solo ejemplar.

LEGISLACIÓN
La legislación aprobada por el Concejo Deliberante hace referencia a los perros que se consideran como potencialmente peligrosos creando el Registro Municipal de perros potencialmente Peligrosos o de ataque, bajo la supervisión de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad, en el que deberá especificarse la raza, pelaje, tamaño, sexo, edad, nombre al que responde el animal, antecedentes de mordeduras, enfermedades y quejas acerca del comportamiento y demás circunstancias que sean determinantes de la posible peligrosidad de esos perros.
El incumplimiento de lo establecido en la flamante Ordenanza será causal de infracciones, las que se clasificarán de la siguiente manera: Infracciones leves, graves y muy graves:
Son infracciones leves:
a) No inscribir al perro en el Registro específico del municipio.
b) No señalizar las instalaciones que alberguen a perros potencialmente peligrosos.
Son infracciones graves:
a) No contratar el seguro de responsabilidad civil.
b) Realizar actividades de adiestramiento de ataque no autorizadas.
c) Participar en la realización de peleas de perros, en los términos establecidos legalmente.
Son infracciones muy graves:
a) No cumplir las medidas de seguridad establecidas para las instalaciones que alberguen a perros potencialmente peligrosos.
b) Realizar actividades de adiestramiento sin acreditación profesional oficial.
c) Llevar a los perros desatados y sin bozal en la vía pública y en los lugares y espacios públicos en general.
d) Adquirir un perro potencialmente peligroso por parte de personas menores de edad o privadas judicialmente

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