Con el objetivo de fijar políticas públicas coordinadas que tengan como fin la articulación de los distintos poderes del Estado en función de generar acciones tendientes a abordar problemáticas sociales de nuestra comunidad en forma conjunta y responsablemente, es que la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Equidad de Género, viene trabajando en conjunto con la Oficina Judicial a cargo de la Dra. Valeria Vázquez, labor materializada tras la firma de un convenio entre Intendente Ricardo Sastre y presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, junto al ministro Alejandro Panizzi, vocal de la Sala Penal.
Recordemos que el próposito del acuerdo es el de articular, coordinar y gestionar con las distintas Secretarías y Subsecretarías, acciones comunitarias complementarias que posibiliten la implementación de la Ley de Ejecución de Pena más eficazmente en la ciudad y que el mismo ha permitido que distintas áreas del municipio puedan involucrarse a trabajar mancomunadamente con la justicia en el abordaje de problemáticas sociales emergentes que afectan a la efectiva inserción social de las personas judicializadas.
En este sentido, es que a partir de la semana próxima se comenzará un trabajo entre el poder judicial y el gobierno municipal para generar espacios de contención,empoderamiento a las crecientes víctimas de violencia familiar y de re educación destinado a los victimarios/as de violencia género, y otro orientado a personas judicializadas, debido a que se ha demostrado que el castigo sin la construcción de alternativas y nuevos modelos no soluciona las situaciones de violencia, en el mejor de los casos, las posterga.
En este senttido tanto el jefe del Ejecutivo, Ricardo Sastre y los ministros de la Corte Provincial coincidieron en la necesidad de “alcanzar la paz social y recuperar un diálogo maduro interinstitucional que apunte a revertir la desdichada ola de inseguridad y no quedar en cruces políticos y mediáticos”, según se dijo al final de la reunión.
Además, la Municipalidad y el Superior Tribunal, acordaron dar continuidad a la tarea que se viene desarrollando en el marco de la aplicación de los institutos de raíz constitucional establecido en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, como así también aquellos relacionados al control serio y positivo en la aplicación de los artículo 13 y 27 bis del Código Penal, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 10,3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 51 de la Constitución de la Provincia del Chubut.