El Intendente Municipal, Carlos Eliceche, rubricó sobre la media mañana de hoy un convenio con la titular de la delegación Chubut del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Alejandra Tolosa y el Defensor General de la Provincia, Arnaldo Hugo Barone; que tiene como propósito garantizar el derecho de acceso a la justicia, teniendo en cuenta que la cooperación entre el Instituto, la Oficina y la Municipalidad permitirá el desarrollo de actividades conjuntas a través de su complementación generando y/o mejorando proyectos educativos y sociales tendientes a consolidar los fines de acrecentar, preservar y comunicar los valores que la sociedad actual demanda.
Asimismo las partes intervinientes se reconocen como una instancia especializada en trabajo de tomadores de decisiones para la aplicación y análisis de políticas de acceso a la Justicia, ampliando y profundizando su trabajo en la asistencia para la construcción de diagnósticos y programas de acción e implementación de políticas. De allí que se acuerda aunar esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas cuyas finalidades sean garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas en la ciudad de Puerto Madryn. El acceso a la Justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas sin distinción de sexo, nacionalidad, raza, edad, orientación sexual, ideológica política, creencia religiosa, situación socioeconómica, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas.
Una política de Acceso a la Justicia implica intervenciones en los siguientes ámbitos: empoderamiento en derechos de la población, promoción de los instrumentos internacionales de derechos humanos, fortalecimiento de la red intra-institucional, recreación de los servicios de justicia con mayor acercamiento a los ciudadanos/as , articulación de las medidas existentes en los servicios de justicia, fortalecimiento de toda instancia estatal o comunitaria que coadyuve a garantizar el ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta, con integralidad, a las demandas de las personas, en especial de las de aquellas más desfavorecidas.
En ese marco, el convenio cuenta además con un total de cuatro Protocolos Adicionales donde se definen las condiciones particulares para cada una de ellas; las tareas a desarrollar, sus alcances y plazos de ejecución, y los aportes de cada una de las partes al desarrollo de los mismos tales como los recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura necesarios.
Se manifiesta además un especial interés en el desarrollo de los siguientes objetivos, conforme la legislación vigente, sin que ello implique la exclusión de otros:
1.- Contribuir a consolidar el Estado de Derecho, la democracia, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho internacional de los derechos humanos y la justicia.
2.-Mejorar las condiciones de vida de las personas en general y, en particular, de los grupos silenciados y discriminados, mediante estrategias para mejorar los niveles de acceso a la justicia y a la satisfacción de los derechos humanos.
3.- Democratizar la discusión judicial y las formas de acceso y administración de justicia.-
4.-Diseñar, evaluar y monitorear políticas públicas de justicia que permitan aumentar el conocimiento jurídico de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, para transformarlas en verdaderos agente de cambio.
5.-Intercambiar información sobre el seguimiento y desarrollo de las investigaciones y estadísticas iniciadas respecto a temas de recíproco interés.
6.-Establecer mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, destinados a gestionar las interdependencias de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte o participan en el sistema de justicia.
7.-Elaborar propuestas para el área legislativa municipal orientadas a remover los obstáculos para el acceso a la justicia de la población de la ciudad.
8.-Crear una oferta de servicios de justicia que se adapte a las necesidades presentes en la sociedad tanto cuantitativa como cualitativamente.
9.-Promover la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejano o con especiales dificultades de comunicación.
10.- Impulsar formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado.
11.- Diseñar e implementar políticas públicas especiales de acceso a la justicia dirigidas a grupos que están en particular desventaja o grupos vulnerables.
12.- Adoptar iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a todas aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de su intervención en le proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad.
13.- Suscribir convenios con otras instituciones públicas o privadas a los efectos de contribuir al desarrollo de los objetivos mencionados.