Días atrás fue declarada culpable Gabriela Dufour, actual Diputada Provincial del Frente Para la Victoria, que tuvo a cargo la cartera del Ministerio de Economía durante el primer tramo de la gestión de Buzzi, para luego pasar a ser Ministra de Producción.

La condena fue por administración fraudulenta, una modalidad de estafa perpetrada cuando tuvo a cargo el Comité de Control de Alpesca en el marco del proceso de expropiación iniciado y confiado a Dufour, por el entonces Gobernador Martín Buzzi.
Y luego de conocida la sentencia, la diputada afirmó ante los medios que se iniciaría un Jury contra la jueza que dictó el fallo, Estella Eizmendi.
Gustavo Sastre, como miembro del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y controlar la labor de los magistrados, opinó respecto de las aseveraciones de la diputada.
“Como integrante del Consejo de la Magistratura me generan preocupación los dichos de Dufour. Si de verdad tiene pruebas de que la jueza mantuvo intercambios con miembros del Poder Ejecutivo como salió publicado en los medios, tendría que haber realizado la denuncia antes, que lo haga después de ser condenada resulta una grave violación a la división de poderes”.
Agrega Sastre que “lo que dice querer hacer, le quita absolutamente toda la legitimidad, más teniendo en cuenta que tiene la posibilidad de recurrir el fallo y plantear en una instancia superior por todas las arbitrariedades que cree que la jueza llevó a cabo para supuestamente perjudicarla”.
Consultado acerca de lo que significa el pedido de Jury para un Juez, Gustavo Sastre no dudó en poner énfasis en que “resulta profundamente preocupante cuando el pedido es iniciado por un miembro de otro Poder del Estado. Plantear un Jury cuando el fallo perjudica a un Funcionario Público es muy grave, más todavía cuando la condenada es una Diputada, una persona que maneja cierto caudal de poder y que puede utilizarlo para presionar a los Jueces” porque “Dufour se quejó recurrentemente de que fue una causa política y ahora quiere usar la política para perjudicar a la jueza que la condenó”.
“Que plantee que una jueza de la provincia dictó un fallo en connivencia con miembros del Poder Ejecutivo perjudica absolutamente la imagen del Poder Judicial, implica un retroceso enorme en relación a todos los avances de la Justicia en Chubut, reconocida nacional e internacionalmente por ser pionera en reformas de modelos del Proceso Penal avanzados, que consolida absolutamente el respeto a un juicio justo con vigencia de las garantías constitucionales”, cerró.