En el marco de lo que fue hoy la marcha por Seguridad y Justicia, a su paso por el frente del Municipio de Puerto Madryn, los manifestantes entregaron un petitorio elaborado por la Asociación de Víctimas de la Delincuencia, Movimiento Vecinal de Puerto Madryn y Vecinos Autoconvocados recibido por el Secretario de Gobierno del Municipio, Enrique D`Astolfo –en tanto el Intendente Sastre participaba en ese momento de un acto firma de convenio en el CENPAT– a los fines de la implementación de medidas de seguridad que de por tierra a los recurrente hechos delictivos en la ciudad.
El petitorio por Seguridad y Justicia plantea los siguientes puntos: que en las entradas y salidas de Puerto Madryn haya patrulleros para identificar a todas personas que ingresen; conformar una junta provincial de seguridad que no sólo esté integrada por funcionarios, sino también por representantes de ciudadanos autoconvocados, con el objetivo de definir políticas de seguridad.
A su vez, que se informen sobre estadísticas delictuales, para que se pueda contribuir a tomar medidas efectivas; creación de un organismo independiente que se encargue de controlar las prisiones domiciliarias; la designación de uno o dos patrulleros exclusivamente para tal fin ayudaría a controlar que se cumplan las medidas preventivas sin recargar la labor policial.
Que el Consejo de la Magistratura controle a los fiscales para que cumplan con su trabajo en forma efectiva, sobre todo en el seguimiento de causas; y que se garantice la detención y condena a los responsables de hechos delictivos; que el Consejo de la Magistratura realice un seguimiento del accionar de los jueces.
Que se regule la situación de las comisarías para que se constituyan en lugares de tránsito y no en lugares para alojar condenados; que se reestablezca la puesta en funciones de un abogado querellante por parte del Estado, que preste servicios a los familiares de las víctimas de forma gratuita.
La reglamentación de la Ley de Protección de las víctimas, con especial hincapié en tener en cuenta los derechos de los testigos. Tener en cuenta los aspectos como el acceso a una vivienda, un hogar refugio o necesidades materiales que puedan tener los testigos al estar inmersos en un proceso judicial.
El perfeccionamiento e instrucción de los efectivos policiales, quienes deberán tener conocimientos acordes a su labor diaria, en contraposición con la situación que se registra en la actualidad que tiene que ver con una preparación de sólo 6 meses de instrucción y posteriormente salen a la calle.
Políticas que se sostengan más allá de los gobiernos de turno y que apunten al trabajo en los barrios y a recuperarlo como un lugar de encuentro.
Ofrecer a los jóvenes alternativas para que tengan su lugar, impulsando un sentido de pertenencia y solidaridad.
La recepción de denuncias por parte de los agentes que trabajan en las comisarías, quienes muchas veces no las reciben. Que se conforme el Juicio por jurado.