En la tarde de la víspera tuvo lugar la presentación de la Guía de Recursos de Servicios de Justicia en la ciudad de Puerto Madryn y Trabajo de Coordinación Interinstitucional por parte de la titular de Inadi Chubut, Alejandra Tolosa, quien estaba acompañada por la Dra. Gladys Mabel del Balzo, Defensora Jefa de la Oficina de Defensa Pública de nuestra ciudad.
El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, orientación sexual y/o identidad de género, ideología política, creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Una política de Acceso a la Justicia implica intervenciones en los siguientes ámbitos: empoderamiento en derechos de la población, promoción de los instrumentos internacionales de derechos humanos, fortalecimiento de la red intra-institucional, recreación de los servicios de justicia con mayor acercamiento a los/as ciudadanos/as, articulación de las medidas existentes en los servicios de justicia, fortalecimiento de toda instancia estatal o comunitaria que coadyuve a garantizar el ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta, con integralidad, a las demandas de las personas, en especial de las de aquellas más desfavorecidas.
El Programa “Acceso a la Justicia” se desarrolla en el marco del Convenio de Cooperación suscripto en abril de 2009, entre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), delegación Chubut, la Municipalidad de Puerto Madryn, y la Oficina de la Defensoría Pública de la sede Puerto Madryn. En el marco de este Programa, los organismos partícipes han desarrollado distintas acciones, algunas de ellas junto a otras instituciones, tanto públicas como privadas, y también con personas no asociadas a ninguna organización.
La primera acción del programa constituyó la elaboración de un diagnóstico de las Necesidades Jurídicas Insatisfechas de la población, relevamiento elaborado por la Consultora AV & Asociados, en enero 2009, a través del cual se identificaron aquellas necesidades respecto a todos los ámbitos que engloba el acceso a la justicia, con el objetivo de lograr una descripción ajustada de la situación de partida para posibilitar la elaboración posterior de políticas públicas, con el objeto de diagramar las respuestas adecuadas.
En segundo lugar, se realizó un estudio de los operadores y servicios de justicia actualmente disponibles, mediante el cual se buscó recabar toda la información disponible de los servicios que existen al alcance de la población y de los recursos internos del sistema para la gestión de cada problemática contemplada.
Se han identificado los servicios de titularidad estatal como así también los prestados por entes privados, y sociedad civil. Los dos estudios, diferenciados pero complementarios, se aspira a ponerlos a disposición de todos los organismos, instituciones, asociaciones, organizaciones que ofrecen sus servicios de justicia a la población local. Se trata de contar con todos los actores y recursos para poder en una tercera etapa comenzar a trabajar en propuestas de mecanismos de coordinación y aprovechamiento óptimo de todos ellos de una forma integrada.
La idea es comenzar a trabajar en forma conjunta y articulada en relación a la identificación de las redes de información interinstitucional, naturaleza de las mismas, mecanismos de derivación de asuntos, entre otros temas relacionados con la coordinación interinstitucional y el derecho al Acceso a la Justicia.